EN EL EJE

¿Quién regula el uso de suelo en el DF?

Ante las problemáticas por el crecimiento de la ciudad, ni delegados ni autoridades de Seduvi toman responsabilidad



Elizabeth Osorio

La falta de claridad en las atribuciones de los jefes delegacionales y la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) en materia de uso de suelo de la ciudad es un hueco que posee la Ley de Desarrollo Urbano, y que ha consentido que empresarios lucren con la expansión urbana, la cual se ha desatado de manera desproporcionada.

Vecinos de las 16 delegaciones han denunciado, a través de la red de ciudadanos Suma Urbana, abusos a la Ley de Desarrollo que han propiciado la existencia de establecimientos mercantiles, edificios de departamentos, oficinas y centros comerciales con alturas y densidades no permitidas, sin una autoridad que dé soluciones.

“El problema está desde que aprobaron en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) la Ley de Desarrollo Urbano en 2010, es una ley que parece un manual de cómo cambiar los usos de suelo; aprovechándose de eso, Seduvi está convirtiendo casas en oficinas, en bares o lo que sea y construyendo edificios enormes, sin tomar en cuenta las condiciones de las colonias y las consecuencias”, explicó Enrique Fernández, ingeniero especialista en Benito Juárez.

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Hundimientos de suelo, edificios inclinados, carencia de agua, automóviles que se apropian de las calles y comerciantes ambulantes son sólo algunas de las consecuencias que enfrentan los habitantes del DF debido a una ley poco clara.

VACÍOS CONVENIENTES

Suma Urbana, que ha recabado 800 firmas en las 16 delegaciones, ha denunciado en la ALDF y el Gobierno que autoridades de Seduvi y de las demarcaciones han encontrado caminos para violentar la ley.

Seduvi, que depende del Gobierno central, se encarga de emitir el certificado de uso de suelo, el cual contiene las características en las que se tiene que basar el particular para construir, mientras que las delegaciones lo reciben y conceden la manifestación de construcción, con la que se levanta el inmueble.

“No hay una delegación, no hay una colonia, no hay día que alguien no se acerque y nos diga ‘ayúdenme por favor’. Seduvi emite certificados para construir poco claros y la delegación otorga manifestación de construcción y es quien debe verificar si las obras son ilegales o no, y no verifica”, denunció Josefina Mac Gregor, portavoz de Suma Urbana.


Esta organización, que ha representado a los afectados por estas vulneraciones, demanda que las construcciones y negocios sean legales; exige además sanciones a los funcionarios que, por omisión o por complicidad, no han detenido el avasallamiento de los desarrolladores inmobiliarios.

Otra de sus exigencias implica modificar las leyes para dejar claras las responsabilidades y competencias entre los funcionarios delegaciones, los del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de Seduvi en cuanto a quién debe verificar y quién clausurar, entre otras responsabilidades relacionadas con esta materia.

También solicitan que se deje al mando de los delegados la facultad de dar la aprobación para construir, con el fin de evitar triangulaciones. “La sociedad está unida para que ya no se permitan abusos de este tipo y estamos tratando de impedir que esto ocurra en las colonias y cuidándolas y seguiremos en la lucha hasta que veamos resultados”, concluyó Mac Gregor.

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